El derecho humano al agua y al saneamiento no solo requiere de un desarrollo positivo, sino también de políticas públicas adecuadas que ayuden a garantizar que las personas puedan alcanzar condiciones de vida digna y ejercer otros derechos humanos. La carencia de un suministro suficiente de agua y de sistemas de eliminación de excretas impide que las personas puedan satisfacer sus necesidades más básicas (consumo, preparación de alimentos, e higiene personal y familiar), lo cual a su vez las expone a contraer diversas enfermedades. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), reportó que en abril del 2020 el Perú tenía un 9.2% de su población sin acceso a agua a través de red pública, y que un 25,2% carecía del servicio de alcantarillado. Esta situación es mucho más crítica al interior del país, como la región Loreto, donde un 43,7% de su población no cuenta con acceso a agua a través de red pública, y un 25,1% carece de los servicios de alcantarillado.