La crisis política –luego del golpe de Estado perpetrado por el entonces presidente Pedro Castillo, que llevó a que la vicepresidenta, Dina Boluarte, asumiera la Presidencia– ha ido profundizándose y escalando en una sostenida protesta social desencadenada en diferentes regiones del país, principalmente en las del sur. Esto ha generado una profunda crisis social –teniendo su pico de violencia entre diciembre de 2022 y febrero de 2023– con constantes enfrentamientos entre la ciudadanía y las fuerzas del orden, que tuvo como saldo 66 muertes y miles de heridos en diferentes zonas del país. La violencia desatada en las protestas, tanto por algunos miembros de las fuerzas del orden y un sector de manifestantes, así como la discriminación estructural, reflejan la polarización que vivimos y la grave crisis social que atravesamos