La vigencia de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que desarrolla lo dispuesto por la Constitución Política y sirve de parámetro para controlar cualquier medida que busque limitar este derecho fundamental. Al cumplirse 20 años de la entrada en vigencia de la ley, y atendiendo a su mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo –a través de su Adjuntía en Asuntos Constitucionales– ha considerado pertinente realizar un tercer balance acerca de la situación de la transparencia y el acceso a la información en nuestro país. El objetivo es advertir los avances que ha tenido el reconocimiento del derecho de acceso a la información, así como identificar los principales obstáculos y afectaciones a su ejercicio. Asimismo, se busca evaluar la necesidad de realizar algún cambio que adapte la norma a un contexto actual, adecuándola a los nuevos estándares internacionales y requerimientos específicos de personas que se encuentren en condición de vulnerabilidad.