En Perú, después de un periodo de reforma política- social que buscó la descentralización del poder y la democratización del Estado, se institucionalizó el proceso anual del Presupuesto Participativo (PP). Este proceso formaliza mecanismos de voz para que la sociedad civil influya sobre la asignación de los presupuestos locales, contribuya en los esfuerzos de desarrollo local y vigile la ejecución presupuestaria. Desde su implementación en 2004, el PP ha involucrado, anualmente, la participación de aprox. 150,000 representantes acreditados1 (ver Gráfico 1) y se estima que el 36% del gasto de inversión ejecutado en el nivel distrital fue priorizado a través del proceso participativo2 . A pesar de los logros alcanzados, los resultados de la implementación del PP son motivo de debate